Reformar la Ley Electoral para una mayor calidad democrática

REFORMAR LA LEY ELECTORAL PARA UNA MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA

El Blog que empieza pretende iniciar el debate sobre el sistema electoral y señalar líneas de mejora para un debate que se espera intenso, pero no disperso, a fin de concretar una batería de propuestas que ofrecer a la sociedad y a los políticos para instar a la mejora del sistema electoral y de su calidad democrática.

REFORMAR LA LEY ELECTORAL PARA UNA MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA

El Blog que empieza pretende iniciar el debate sobre el sistema electoral y señalar líneas de mejora para un debate que se espera intenso, pero no disperso, a fin de concretar una batería de propuestas que ofrecer a la sociedad y a los políticos para instar a la mejora del sistema electoral y de su calidad democrática.

Nueva División Provincial

Mapa antiguo Siglo XVIII España Portugal Hispania                                   

Sobre las provincias

En plena negociación entre el PSOE y Ciudadanos, antes de la segunda convocatoria electoral, en marzo de 2016, el partido de Rivera hacia bandera de la eliminación de las diputaciones, para el adelgazamiento de las estructuras políticas y ahorro. Pedro Sánchez estaba de acuerdo, aunque ante la división que generaba la iniciativa entre destacados líderes territoriales, el compromiso se matizaba indicando que, más que supresión sin más, se trataría de cambiar las diputaciones provinciales por otros entes con nuevo nombre y una organización reajustada.

El ahorro estimado, según varios artículos que se publicaron en aquellos días, estaría en unos 91 millones de euros anuales, porque se mantendría la estructura administrativa traspasada a otra institución, pero el ahorro no sería significativo. Sin embargo, parece relevante la necesaria redefinición de funciones y niveles de competencia porque, con el transformado Estado autonómico, las diputaciones que no tienen funciones políticas sí tienen peso orgánico actuando de contrapoder político, lo que no sería su encomienda constitucional.

El sentido de las diputaciones como órganos de administración Local, no política, análogas a los ayuntamientos, está en la asistencia y coordinación de municipios, prestación de servicios y fomento de actividades de desarrollo y asistencia social, recibiendo la mayor parte de los fondos de otras administraciones.

La división provincial

La pretensión de la división provincial de 1833, fue crear unidades coherentes desde el punto de vista social y económico, de manera que pudieran tratarse y considerarse como unidades operativas a la hora de planificar su desarrollo interior y su interrelación con las demás provincias estableciendo, así, mercados interiores; potenciando los tradicionales y locales y ordenando marcos de relación más amplios: en las regiones, agrupaciones más o menos históricas, pero sin soporte administrativo.

Anteriormente a la división territorial española vigente, antes de la implantación de las provincias de Javier de Burgos, la situación era la que describe el Nomenclátor de 1789, que fue una relación de todas las entidades locales y su localización en el territorio. Se conoce como división de Floridablanca, pero no es una división, era la constatación de cómo era el mapa político de España.

Jesús Burgueño, Doctor en Geografía (Universitat de Barcelona) refiere el proceso de redacción del actual modelo provincial[4] exponiendo la problemática que dio origen a revisión del modelo territorial La característica de las provincias en este siglo (a principios del XIX) se resumen en dos: desigualdad de tamaños e irregularidades en los límites. Hay provincias enormes -las de la Corona de Aragón, Cuenca, La Mancha, Toledo, Burgos, León, Galicia, Extremadura, Sevilla, Granada y Murcia en un extremo; frente a las provincias Vascongadas, las Nuevas Poblaciones, y las provincias castellanas de Madrid, Palencia, Toro y Zamora.

La idea de una nueva división territorial venía de antiguo, desde que con el cambio de dinastía España inicio su proceso de imitación del modelo administrativo francés, prosperando la propuesta administrativo de Javier de Burgos que recogió proyectos anteriores, basándose finalmente en el del geógrafo mallorquín, cartógrafo, marino e ingeniero de minas, Felipe Bauzá, revisado por  Miguel de Lastarría, presentada al gobierno de Argüelles en 1813.

Refiere Jesús Burgueño que Frente al concepto de provincias del Antiguo Régimen, que se basaban en los órganos de gestión económica, la Constitución de Cádiz da a la provincia un sentido político, basado en dos instituciones: la Diputación y el Gobernador, acción y reacción de las fuerzas gubernamentales homogeneizadoras frente a las tendencias disgregadoras inherentes a la corporación provincial. Cada uno tiene sus funciones, pero se tutelan mutuamente. Como entidad de coordinación y servicio al desarrollo de las nuevas áreas demarcadas, en la que están los municipios y, por tanto, que se suponía con apego al territorio, se contraponía la figura del Gobernador que era el representante del Estado, del gobierno centralizado (sus leyes y directrices) frente a los usos, costumbres y derecho consuetudinario locales.

En suma la reforma territorial trataba de dar el salto cualitativo del estado semi feudal al estado moderno del constitucionalismo liberal. Para ello, era precisa una nueva administración con criterios ilustrados y centralizada, para que interfiriera jerárquicamente a la presión de los estamentos sociales locales en aquellos territorios que, bajo el caciquismo y al cobijo de los poderes localistas, impedían la modernización y la homogeneización del espacio económico, sin las cuales no podría desarrollarse el país. Había, pues, un componente geoestratégico al crear ex novo territorios administrativos, útiles para conformar ámbitos sociológicos y económicos autónomos, que funcionarían bien hasta mediados del siglo XX.

Las provincias y las diputaciones, que fueron instrumentos administrativos de planificación y de desarrollo local, básicamente se dedican a gestionar y aportar recursos a medianos y pequeños municipios para carreteras, alcantarillado, infraestructuras de medioambiente, asesoramiento de planificación… y atención social, por lo que, estando sus funciones sobrepasadas por la realidad competencial de las comunidades autónomas, muchas de esas funciones bien podrían gestionarse desde la estructura autonómica, en direcciones generales de cooperación Local y otras por órganos más específicos y apegados a las nuevas realidades socioeconómicas, territoriales y tecnológicas.

Un nuevo modelo provincial

Una nueva ordenación territorial y administrativa tendría que crearse desde las realidades económicas y sociales actuales, ex novo también, como fue la de 1833, y desde las exigencias de una sociedad altamente tecnificada y en la que la tecnología de internet define nuevos espacios de actividad económica y relación social, y todo ello desde nuevos marcos de referencia:  Europa y la realidad de la globalización que aunque, y es de esperar, tras esta crisis pandémica será replanteada y re-modulada, seguirá marcando el ritmo de la evolución mundial.

Como la propuesta por Felipe Bauzá, y concretada por Javier de Burgos, una nueva división provincial debiera de mantener los mismos principios de entonces: mantenimiento de los reinos históricos, (ahora las Comunidades Autónomas), su división[5] en provincias más operativas (en 1833 no se habían desarrollado el ferrocarril, telégrafo  ni cualquier otro medio moderno de transportes y comunicación), y todo ello, como anteriormente,  buscando un cierto equilibrio en cuanto a territorio, población y riqueza (solvencia de proyección económica) de las circunscripciones resultantes

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