La sentencia impuesta sobre José Luis Ávalos y Koldo García, la que solicitaba el ministerio fiscal, y la impuesta a Víctor Aldama, la mitad de la pena que pedía la fiscalía, cierne la sospecha sobre la imparcialidad del juez. Lo grave es que ya son demasiados los casos en que resulta dudosa la neutralidad judicial que, a la vista, actúa en la dirección coherente con los intereses políticos de la derecha: destruir al partido socialista; vertebrador del bloque multidisciplinar que dio su apoyo a la moción de censura contra Rajoy. El país, políticamente dividido y socialmente cada vez más tensionado, se acerca al modo de institucionalidad partidista de las repúblicas latinoamericanas. En ese contexto el gobierno no va a poder sostenerse por si solo y, menos aún, pretender ganar las próximas elecciones.
El politicólogo Iván redondo, consultor independiente, que condujo la política de Pedro Sánchez, hasta que fue sustituido como director del gabinete de la presidencia, en una reciente entrevista en televisión, con ese entusiasmo que le caracteriza, deslizaba que las marca PEDRO podría ser una exitosa estrategia comunicativa para que el presidente revalidara en la Moncloa.
En su último artículo, en La Vanguardia (22/06/2026), recordaba las divisas con las que se urdió la moción de censura de 2018: “limpieza democrática, convivencia entre diferentes y justicia social”. Y se supone, a criterio del politólogo, que las condiciones siguen vigentes y, sigue diciendo en el artículo, que el acorralamiento de Sánchez, por la presión a su alrededor, podría movilizar al electorado en lo que llama “el efecto Rocky Balboa”, recordando la película y cómo, ante la impotencia contra las cuerdas, el público le aupaba hasta el asalto final.
Es evidente que el proceso de deterioro de la política nacional tiene mucho que ver con los escándalos de corrupción: los, ahora, juzgados, los probables, los posibles y los hipotéticos; aquellos que se inician de forma arbitraria con la esperanza de dar con indicios de sospecha. En ese apartado cabría el proceso a Sandro Rossell (cercano al independentismo) y que, tras dos años de cárcel, fue puesto en libertad sin cargos. Como el caso de las supuestas cuentas en suiza de Xavier Trías, entonces de Convergencia, que, tras dañarse gravemente su imagen, fue exculpado. O el acoso a Podemos, acusado de financiación ilegal, también una bola de humo.
El lawfare es una certeza para la opinión pública. Seis de cada diez españoles no tienen confianza en el funcionamiento de los tribunales superiores. Y, semejante opinión merecería la justicia de Primera Instancia e Instrucción, donde existe demasiada afición al archivo provisional de los atestados que se presentan. Archivando las causas entrantes, se elimina el trabajo del trámite del expediente que solo se puede recurrir con la contratación de Abogado y Procurador; y los gastos inherentes.
La sombra de la sospecha sobre el conjunto del partido socialista se precipita con sentencia de Ávalos, y lo que suceda con Santos Cerdán o Zapatero, afectando a la credibilidad del propio presidente de gobierno. La simpatía que despertara Pedro Sánchez por su travesía en el desierto y la política de justicia social y coherencia internacional, pueden ser poca cosa si se pierde el fervor del electorado. Cuando el buen nombre se disipa, el prestigio se revuelve cruelmente contra quienes han merecido el crédito de la limpieza y el hacer honesto.
El embarrado en el que está el PSOE es tan genérico que se exige una clarificación pública: tanto de cara a la opinión general, los electores en las próximas elecciones, como de cara a las militancias de los partidos implicados que necesitan explicaciones. Y eso no va de declaraciones sumarias.
Ante la zozobra emocional y de proyecto, se debe exigir al partido socialista que convoque a un Congreso Federal Extraordinario que relance su entidad como partido y convergencia política, concrete su proyecto para una España multinacional y federal, y resitúe dirigentes comprometidos para la nueva etapa electoral.
