Los partidos más díscolos del bloque de apoyo al gobierno se están gozando en votar con la oposición. PNV incluido. Aunque reconozca que no hay mayoría alternativa, los nacionalistas han disfrutado dando su apoyo para reconocer al presunto ganador de las elecciones venezolanas. Un brindis al sol como el del parlamento europeo; todo, sin duda, depende de quién gane las elecciones norteamericanas. Maduro y el ejército; como Erdogan y el suyo; Al-sisi y los militares; Netanyahu y, por estirar, Putin y sus paranoias persecutorias, dependen bastante, a ver qué dice China, del sentido de la política exterior norteamericana. Hasta que se despeje la incógnita: todos quietos y tomando posiciones.
Lo de Junts va de otra cosa. Se trata de aplicar, al máximo, el morir matando. Porque está bastante claro que la pernada del independentismo ha tocado a su fin. No es sostenible ir más allá de las exigencias ya pactadas. La amnistía, puede que los de Puigdemont no se den cuenta, fue una decisión de la máxima relevancia, y trascendencia institucional, de las que se aplican cuando se pretende cerrar ciclos históricos; un pasar página de sucesos graves que sometieron a la sociedad a un desagarro personal y de vida. Los de Junts, al contrario del Estado, no han pasado página: dicen que quieren volverlo a hacer. Creen, los de Junts, que el gobierno no puede prescindir de ellos y que no convocaría elecciones anticipadas. Pues, ya les avanzo, que se equivocan. Que están sobredimensionando las ambiciones del presidente de gobierno para seguir en el poder.
Como es lógico unas elecciones anticipadas no se anuncian con antelación y, en todo caso, electoralmente se justifican si el relato es suficientemente potente como para poder ser arranque de campaña electoral. Cerrar el paso a la espiral cupista (la CUP fue la responsable del inicio del Procés) de Junts y sus intentos de forzar decisiones políticas cabe dentro del relato viable. Tras el congreso federal del PSOE, en noviembre, y los congresos regionales, antes del verano, el socialismo estará preparado para acometer el otoño del año próximo con renovadas fortalezas.
Mientras, la agenda legislativa deberá apretarse para poder cerrar la legislatura con el grueso de las reformas “de regeneración” aprobadas, con la incógnita de si el equipo de Moncloa se atreverá a tocar la cuestión electoral. Lo del sistema electoral no es de orden menor porque está detrás del porqué de la elevada abstención en un país que, tradicionalmente, participa en las elecciones y cuyos picos de participación se relacionan con momentos políticos de cambio o ilusionando al ciudadano con reformas encaminadas a una mayor presencia de la opinión del votante en la vida política real.
La participación media en las elecciones generales está por encima del 70 por ciento y, se supera ese porcentaje cuando la ciudadanía percibe la necesidad de un cambio de rumbo o un plus cualitativo en la emisión de su voto. Modernamente, tras la espectacular participación del 80 por ciento en 1982 (que dio la primera mayoría absoluta a Felipe González, tras el golpe del 23F), y la alta participación 1993 y 1996 (76,4 y 77,4 respectivamente, de las primeras elecciones de Aznar), la participación aumenta al 75,7 y 73,9 por ciento respectivamente (en 2004 y 2008) de Zapatero, tras la crisis de la guerra de Irak y el intento de manipulación informativa de los atentados de Atocha.
La irrupción de Podemos y Ciudadanos en las elecciones europeas de 2014 supuso un nuevo interés, e ilusión, por participar en las elecciones de 2015, rozando el 70 por ciento (69,7).El electorado podía discriminar mejor la voluntad de su voto; hacia la izquierda, con Podemos, y Ciudadanos, hacia la derecha. Finalmente, el desmadre y la deriva involucionista de los gobierno de Rajoy, gestión neoliberal de la crisis de 2008 mediante, abocó a la moción de censura que gano Pedro Sánchez en 2018.
El periplo personal del actual presidente de gobierno, secretario general desde 2014 y su virtual expulsión de la dirección del PSOE el 29 de septiembre 2016, dimisión el 1 de octubre, y su regreso triunfal el 21 de marzo de 2017, con el 60 por ciento de la militancia, reforzó a Sánchez como líder, revelando su personalidad pactista, y pragmática, que facilitaron la mayoría necesaria para ganar la moción de censura.
El talento de Pedro Sánchez en amalgamar oportunidad política, sentido de la realidad y solidez ideológica han sido las herramientas con las que ha conseguido ilusionar al electorado para volver a la senda de la participación electoral. La participación en abril de 2019 fue del 71,8 por ciento y, en la repetición de noviembre, en plena resaca de las sentencias del procés y disturbios en Catalunya, del 66,2 por ciento; en Catalunya del 69,4 por ciento, y en Madrid, Comunitat Valenciana y Castilla-La mancha en el 70 por ciento)
En las elecciones de 2023, con el aldabonazo de los gobiernos regionales del PP con Vox, la participación volvería a subir discretamente, al 66,6 por ciento; pero lejos del 70 por ciento que sí superan Castilla-laMancha (73), y Extremadura (71,7) y Comunitat Valenciana (71,5), estás últimas quizás por el inesperado cambio de color político en la presidencia de la Comunidad.
Ante una nueva convocatoria electoral sin el efecto “miedo a la ultraderecha”, que se está normalizando en la Unión Europea por lo que respecta al grupo de Meloni, no parece que haya ningún revulsivo que incentive a una mayor participación sino fuera cambios en la ley electoral que convenzan de que el sistema se abre a un mayor protagonismo y capacidad de los votantes a la hora de emitir su voto.
No hay mayor, ni mejor reforma, para abrir el sistema electoral en la dirección de una mayor participación de los votantes a la hora de emitir su voto, que desbloquear las listas cerradas de las candidaturas al Congreso. La posibilidad de que el votante pueda alterar, con voto de preferencia, el orden establecido por las direcciones de los partidos incitaría a la participación para que el electorado pudiera elegir, dentro del partido de su simpatía ideológica, al político que representara mejor sus puntos de vista.
Para ello, y complementariamente, sería precisa una reforma de la ley de partidos en las que se incluyera la obligación de que los partidos reconozcan líneas críticas a la oficial y que estas tuvieran que estar representadas en las candidaturas al Congreso. Esa reforma sin duda dispararía la participación y el interés por la participación política.
Con esos tintes de cambio de reglas sustancial el panorama político cambiaría por completo y, un eventual coup de force, podría, y debería concluir con un adelanto electoral.
