Como es bien sabido, la desafección de Catalunya hacia España estriba en dos líneas argumentales perfectamente comprensibles para quienes son capaces de anteponer el sentido común por encima de los intereses propios. Me refiero, primero, al respeto que exige una región histórica que se siente una nación, sin estado porque perdió el tren de la independencia cuando resultó derrotada en la guerra de sucesión (1714) que se resolvió con el cambio de dinastía de los Austria a los Borbones, pero que no, por ello, ha perdido su identidad como colectividad distinta de sus vecinos regionales. Desde entonces, 1714, y aún antes, cada cincuenta años, más o menos una vez en cada generación, Catalunya protagoniza sublevaciones armadas o desencuentros graves, frente al gobierno central.
Para los escépticos y susceptibles, doy constancia de que a finales del siglo XVII, tiempos pre revoluciones liberales y cuando se amalgamaba los estamentos del antiguo régimen con las nuevas clases burguesas que aún luchaban por hacerse valer socialmente, los territorios no eran políticamente homogéneos ni estructurados; y las afinidades y simpatías políticas, o dinásticas, habría que descubrirlas ligadas a intereses directos de los gremios o de los feudalismos particulares. Es así, pues, que ni toda la Catalunya territorial de ahora estaba por uno u otro bando dinástico en conflicto, ni todas las familias de una misma comarca, incluso población, tenían la mismas lealtades.
Aunque si aceptamos, y es razonable hacerlo, que las familias urbanas, sobretodo, Barcelona capital y eje de la manifestación política de Catalunya, estaban contra la intromisión dinástica francesa, Felipe V era nieto de Luis XIV, puede afirmarse que Catalunya, como los demás territorios de la Corona de Aragón, estaba por el mantenimiento del régimen de los Augsburgo y, por tanto, por el autogobierna de las reinos mediterráneos y en contra del modelo francés, de centralización en torno a la voluntad del monarca absoluto. Tras la guerra de sucesión, con el cambio de dinastía, es razonable afirmar que con la derrota de los Austria, y el tratado de Utrecht, desaparece un tipo de estado, cuasi, confederal que era España desde los Reyes Católicos.
El segundo lugar está la financiación. Para España, Catalunya resulta antipática porque reclama un trato mejor, más justo respecto su contribución económica al conjunto del Estado. Aportando mucho más a las finanzas del estado, proporcionalmente solo superado por les Illes Balears, y Madrid en el último decenio, el saldo de financiación per cápita queda en la parte baja de la tabla de entre las Comunidades Autónomas. Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta a la caja general del Estado y es la décima en recursos recibidos. Aporta un 17,7 por ciento más que la media y recibe un 2,1 por ciento menos que la media. Resultando que tras las trasferencias por solidaridad queda muy por debajo de la media en financiación por habitante. Por eso se reclama la aplicación del principio de ordinalidad, establecido en Alemania, el modelo federal de referencia en esa nueva intentona federalista, para que no se dé la paradoja de que las autonomías que más aportan a la caja común resulten, finalmente, peor financiadas que las comunidades que más reciben.
Y además, en el caso de Catalunya, teniendo en cuenta que la tasa de ejecución de las inversiones acordados anualmente en los presupuestos del Estado, están en el 45 por ciento, en 2023, frente al 165 por ciento de Madrid; la referencia recurrente por ser la comunidad autónoma que está rompiendo el modelo socioeconómico de España, que algunos asimilan a un comportamiento confederal.
Lo de Madrid es axial, es decir, transversal impulsando el modelo económico neoliberal en un contexto español, de economía social de mercado. Del gobierno de Ayuso transfiere recursos públicos al sector privado, desmantelando los servicios públicos hacia la iniciativa privada impulsando nichos de negocio, como la sanidad y el asistencial, y todo ello con una baja fiscalidad de las clases media altas, y altas, perdiendo recursos de financiación que luego pretende que le sean compensados por el gobierno central.
Y ahí está el segundo apunte del acuerdo de financiación singular para Catalunya: que las comunidades autónomas receptoras de las transferencias por solidaridad efectúen un similar esfuerzo fiscal. Y eso escandaliza, porque las autonomías que hasta ahora contabilizan los ingresos por el fondo de solidaridad, como ingresos de libre disposición, pueden disponer de estos recursos, no para financiar servicios públicos de equiparación con los de las autonomías que financian, sino a su criterio. Desde inversiones de prestigio, aunque de dudosa rentabilidad o ruinosas, a maquillajes propagandísticos para obnubilar en procesos electorales.
La financiación para Catalunya que se ha pactado con ERC será, sin duda, singular para Catalunya en esa primera fase de definición del nuevo modelo, pero extensible a las demás autonomías definiéndose una estructura financiera federal. Resulta interesante que se siga un modelo asimilable a cómo se ha llegado a la Unión Europea, desde la unidad económica; en nuestro caso el modelo federal de financiación puede llevarnos al estado federal.
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